XIV Congreso del PR
Milán, 1, 2, 3 y 4 de noviembre de 1974

El éxito referendario del 13 de mayo de 1974: una gran mayoría de italianos (60%) rechaza la petición clerical de abolir la ley sobre el divorcio. Las batallas radicales del "caluroso verano" del mismo año, con la huelga de hambre de Marco Pannella contra la censura de la Rai Tv con respecto a las iniciativas radicales, las campañas a favor de la aprobación de la ley sobre el voto a los mayores de 18 años, y a favor de un primer compromiso a nivel parlamentario sobre el aborto, no se han realizado, a juicio de los radicales, por una seria inversión de tendencias en las políticas de los partidos de la izquierda, cada uno de ellos competitivo con respecto a los demás, que intenta, llegar a acuerdos o compromisos más o menos históricos con la fuerza hegemónica del régimen, la Dc. El panorama se agrava con la constatación del peso y la representatividad cada vez menores del Psi en el contexto electoral italiano y en las luchas políticas.

El Congreso de Milán proporciona una nueva expresión, más madura, de la línea política perseguida en los ùltimos años por el Partido. Ahora, se puede leer en la moción congresual, es necesario organizar, en tiempos políticos y no para un "futuro lejano", "una alternativa política y programática de gobierno", para expulsar la Dc hacia la oposición. Para realizar este objetivo resulta indispensable reforzar la zona socialista liberal, hasta hacer que conquiste por lo menos el veinte por ciento de representatividad electoral, y que reequilibre de esta manera la izquierda italiana. El esfuerzo del Partido se concentrará, de ahora en adelante, en conseguir este objetivo.

Fracasada la recogida de firmas para los ocho referéndums, debido a los errores de evaluación y al sectarismo de los grupos (así como al obstruccionismo de la información televisiva), el Congreso subraya la validez de la iniciativa para el año siguiente con algùn que otro retoque técnico (reducción del nùmero de referéndums).

El Congreso elige secretario a Gianfranco Spadaccia y una secretaría compuesta por Guido Aghina, Walter Baldassarri, Giuseppe Ramadori, Angelo Pezzana y Sergio Stanzani.

MOCION GENERAL

El XIV Congreso nacional del Partido radical, reunido en Milán los días 1, 2, 3 y 4 de noviembre, subraya la inexistencia y la dramática inadecuación de las respuestas políticas resolutivas a la grave crisis económica que afecta al país y a la crisis democrática e institucional que se cierne a la Repùblica. La crisis económica tiene orígenes y dimensiones internacionales que afectan y atañen a todos los países del capitalismo europeo. Pero en Italia, se ve agravada por la existencia de un régimen corporativo que ha impedido la realización de cualquier reforma y estructura civil, incluso de aquellas que son necesarias y homogéneas para la funcionalidad del sistema capitalista moderno, y que ha creado un enorme aparato parasitario, improductivo y de clientela.

Por estos motivos Italia pagará un alto precio por la crisis que gravará, una vez más, sobre las masas populares, la clase obrera, la pequeña burguersía con renta fija, el Mediodía italiano especialmente, las capas marginadas del sistema de producción, los jóvenes en busca de empleo y la mujer.

La crisis democrática e institucional de la Repùblica ha recibido una ùltima confirmación con las recientes revelaciones sobre tramas subversivas, intentos y provocaciones golpistas, existencia de centrales terroristas, por fin denunciadas y perseguidas. Pero, se intenta inùtilmente circunscribir la responsabilida de estos nùcleos de iniciativa antirepublicana en las dimensiones de un fenómeno fascista ajeno a las instituciones. Generales traidores, intrigas entre los servicios secretos, de cuerpos separados y de policías paralelas como así mismo responsabilidades de los ministros que han favorecido o por lo menos tolerado estos comportamientos demuestran que el fenómeno nace en el seno mismo de las instituciones y encuentra en el exterior, en algunos sectores del mundo financiero, sus financiadores y en el movimiento fascista sólo sus ejecutores y sus sicarios.

La auténtica causa de la crisis política económica e institucional italiana, radica en la contradicción entre un país en el que la gran mayoría demostró el pasado 13 de mayo querer una alternativa a la Democracia cristiana, a sus valores, a sus intereses y a sus métodos de gobierno y una a situación política que no permite todavía esta posibilidad de cambio.

Una nueva manera de gobernar, la posibilidad de que exista un modelo de desarrollo distinto, más humano y más justo, la realización de reformas reales y profundas que no pueden activarse desde el bloque de los intereses sociales, corporativos, clericales, clasistas y parasitarios que se remiten a la Democracia Cristiana, ni que estén en colaboración con ella. Son objetivos que presuponen la existencia de fuerzas sociales homogéneas que tengan intereses y que expresen una voluntad y un programa alternativos.

Para reintegrar la moralidad pùblica en la vida política y la legalidad constitucional, para reconquistar en la vida política y civil las antiguas virtudes republicanas del buen gobierno, del derecho igual para todos y de la recta administración, hay que cambiar el sistema de poder que ha sustituido con la corrupción, el consumismo y el cínico uso de los medios de comunicación de masas, a la violencia del fascismo y ha conservado y potenciado leyes y comportamientos autoritarios, estructuras e ideologías corporativas. Los intentos que se están llevando a cabo para configurar el nuevo centro-izquierda demuestran a lo largo de estos días que los actuales equibrios político-parlamentarios, el actual debate político, las posibles y limitadísimas opciones en las fórmulas o en las alianzas de gobierno y las mismas hipótesis de programa están muy lejos de las fundamentales, imprescindibles y urgentes exigencias de la democracia italiana. El Partido radical no ignora las graves responsabilidades que necesariamente condicionan en este momento a los grandes partidos parlamentarios de la izquierda italiana y a las grandes confederaciones sindicales. El Partido no da juicios fáciles sobre su comportamiento o sobre sus opciones actuales. La gravedad de la crisis general del país es de tal envergadura que, aunque no sea factible una alternativa política y programática de gobierno en las actuales conciones, no hay porqué aplazarla para un futuro lejano sino que hay qu prepararla desde ahora para que se haga realidad en tiempos ùtiles para poder hacer frente a los problemas del país, y para que sea esta generación política la que la lleve a cabo.

Hay que preparar sus contenidos, abriendo sin más demora un gran debate nacional y una confrontación política sobre un programa comùn alternativo de reformas económicas, estructurales y supraestructurales, sociales, civiles e institucionales, que sea capaz de delinear, implicar y representar a la gama más amplia y homogénea de fuerzas sociales que pueden y deben prestarse a ser los protagonistas del cambio democrático y socialista de la sociedad y del Estado.

Hay que prepararla políticamente, con iniciativas y comportamientos adecuados y coherentes. La acción político-parlamentaria para defender y aplicar la Constitución y para imponer al poder comportamientos y praxis de gobierno que correspondan con condiciones mínimas de legitimidad debe ser apoyada, solicitada y promovida por formas de control que procedan de la base, de la participación democrática y popular, de iniciativas directas y de masa como las que se han afirmado en Italia y que deben ser difundidas y reforzadas de forma capilar. Estas, a su vez, para no quedar relegadas en la práctica social y en la agitación deben encontrar una adecuada expresión política en las instituciones representativas en el Parlamento. La confrontación ideal, moral, política y legislativa sobre los grandes temas de la libertad, sobre los derechos civiles, sobre el modo de concebir y de vivir la vida con la Democracia cristiana, con la iglesia, con las fuerzas de la tradición y de la conservación, no deben ser sofocada ni eludida, sino buscada e impuesta, sobre todo cuando corresponde a un grado de maduración civil y cultural del país, a problemas objetivos y graves de la sociedad, a las exigencias de felicidad, a las luchas y a las esperanzas de liberación, a las nuevas concienciaciones de las nuevas generaciones, de las mujeres y de las mismísimas masas de creyentes. Hay que secuestrar, combatir, vaciar y paralizar las formas más graves de discriminación e injusticia social, añadiendo a la huelga en la fábrica, otras formas símiles de desobediencia civil, colectiva y organizada, fuera de la fábrica.

Sin embargo, todo esto no es suficiente para crear las condiciones para la construcción de una alternativa si no se crea, con estas luchas y con una perspectiva política general, un elemento socialista-liberal que sea capaz, reequilibrándola, de reforzar toda la izquierda italiana.

Si el elemento socialista y liberal no consigue conquistar y representar por lo menos al veinte por ciento del electorado italiano, estableciendo una relación unitaria y autónoma con el Partido comunista italiano, las polémicas sobre el compromiso histórico, sobre la política de Togliatti, sobre el bipartidismo imperfecto, sobre la co-gestión del poder en el Parlamento y en la sociedad, laicos y socialistas corren el riesgo de convertirse en la excusa de su propia impotencia y de sus fracasos.

Y la construcción de una gran fuerza socialista y liberal es la condición necesaria para que se lleve a cabo una política alternativa democrática y socialista.

El Partido radical, reforzando sus propias estructuras, pretende dar su contribución autónoma a las perspectivas de esta nueva construcción unitaria, no como una acción agitadora que sirva sólo como presión con respecto a los partidos parlamentarios de la izquierda y de los sindicatos, sino promoviendo y desarrollando nuevas luchas de libertad y de liberación, conviertiéndose en el punto de referencia y de coordinación federativo de los nuevos movimientos liberales, democráticos y socialistas, nacionales y locales, trabajando para crear nuevas condiciones de democracia y para darles salidas políticas e instituciones adecuadas. Es decir, no para erosionar de forma sectaria los márgenes políticos y electorales de los demás partidos, sino ampliar las potencialidades globales del socialismo y de toda la izquierda.

El Partido radical considera que, prosiguiendo su lucha por los derechos civiles que hasta el momento presente han caracterizado positivamente su acción política, el primer derecho civil que hay que poner en práctica y conquistar es el derecho al referéndum, como derecho de participación de los ciudadanos y del pueblo en el proceso legislativo.

En una situación de política nacional que desde hace más de treinta años impide la abolición de las leyes autoritarias y fascistas del código Rocco y de los códigos anticonstitucionales y las ordenaciones militares, la abolición de las normas del Concordato clérigo-fascista entre Estado e Iglesia, y de otras leyes limitadoras de las libertades y de los derechos de los ciudadanos, la iniciativa popular de masa para la recogida de firmas para los referéndums abolitivos es un instrumento esencial para apoyar la acción reformadora de las fuerzas democráticas en el Parlamento, para resquebrajar las resistencias clérigo-fascistas, para interrumpir la parálisis legislativa de las Cámaras que se manifiesta puntualmente cada vez que están en juego cuestiones de libertad.

El XIV Congreso del Partido radical confirma la validez del proyecto de referéndums abolitivos aprobado por el Congreso anterior y ya intentado el pasado año; da mandato a los órganos dirigentes del Partido para que precisen las modalidades de su relanzamiento a lo largo de 1975, con las modificaciones que en los contenidos se revelasen eventualmente oportunas; dirije un llamamiento a todas las fuerzas democráticas políticas y sindicales, parlamentarias y extraparlamentarias, para que comprendan la importancia de esta iniciativa popular para el proceso de democratización del Estado, y para que no repitan el error, cometido ya en dos ocasiones, de obstaculizar y paralizar su realización.

El XIV Congreso nacional, recibiendo las propuestas de las compañeras del Movimiento para la Liberación de la Mujer, federado al Partido, y que los radicales apoyan totalmente, compromete a los órganos del partido a reanudar y desarrollar la lucha a favor del aborto. La vergonzosa plaga del aborto ilegal y clandestino de masa, al que millones de mujeres - la mayoría proletarias - se someten, con grave daño para su salud física y psíquica, debe cesar. El escándalo de una ley aplicada de forma esporádica y por lo tanto discriminadora, que criminaliza a toda mujer que se vea obligada a abortar, debe cesar inmediatamente.

La lucha por la despenalización, la liberalización del aborto, para la libre determinación de la propia vida y del propio cuerpo por parte de la mujer, será un objetivo que perseguirá el Partido:

1) con el instrumento del referéndum abolitivo;

2) presionando al Parlamento para que, respetando sus reglamentos y los compromisos adoptados por las Comisiones de Sanidad y Justicia de la Cámara, éste afronte finalmente el debate sobre la ley presentada por el diputado Fortuna y por otros treinta diputados socialistas;

3) desarrollando la campaña para las autodenuncias por aborto o ayuda y asistencia al aborto;

4) ofreciendo la colaboración militante, política, legal y de prensa a todas las víctimas de las leyes actuales y a todas aquellas organizaciones y personas que pùblicamente, tal y como hace el Cisa, prestan su asistencia a las mujeres que tienen que afrontar el drama del aborto clandestino ilegal.

El Congreso compromete a los órganos del Partido para que organicen antes del mes de enero, junto al Movimiento de liberación de la mujer, una conferencia nacional sobre el aborto.

El Congreso denuncia la gravedad del retraso que se está produciendo en el Parlamento con respecto al voto para los mayores de diez y ocho años. Este retraso corre el riesgo de impedir a más de tres millones y medio de electores de las generaciones más jóvenes para que participen en las próximas consultas electorales, tanto de las administrativas y regionales como en las generales anticipadas. A trevés de la lucha, es necesario obtener que el Parlamento apruebe inmediatamente la ley sobre la mayoría de edad a los 18 años, sin confusiones con la ley más compleja de revisión constitucional sobre el electorado activo y pasivo. Dirije por lo tanto un llamamiento extraparlamentario y en particular al Pdup para el comunismo, a Vanguardia Obrera y a Lucha Continua, para organizar inmediatamente una jornada nacional unitaria de lucha en toda Italia. Compromete a los órganos del Partido a llevar a cabo una iniciativa inmediata al respecto.

El Congreso nacional, oídas las intervenciones de los compañeros de la Loc, a partir del debate que se ha celebrado en su seno sobre el papel del ejèrcito en la actualidad, sobre el actual estado de aplicación de la ley sobre la objeción de conciencia y el servicio civil alternativo, sobre el nacimiento y sobre el desarrollo, junto con la Loc del movimiento de los "Objetores de uniforme", da mandato a los órganos del Partido para convocar antes de la primavera el V Congreso nacional antimilitarista.

En vistas de las proximidades de las elecciones y partuicularmente ante la hipótesis de que se produzcan elecciones anticipadas, el XIV Congreso nacional compromete a los órganos de los partidos, a las asociaciones radicales, a cada uno de los militantes para que se movilicen desde ahora para preparar la presentación de las listas radicales. Si en el seno de la izquierda no se producen ciertos hechos nuevos, si no se ponen en marcha dinámicas renovadoras y alternativas tal y como se indica en la moción, el Partido radical no podrá eludir el deber, desde el punto de vista electoral, aportando su propia iniciativa en el seno de las instituciones parlamentarias, de dar expresión política a las exigencias impostergables de la democracia italiana. Toda decisión de participación electoral a nivel nacional, regional y local deberá ser, en cualquier caso, deliberada por el Consejo federativo segùn criterios unitarios.