El XXX Congreso registra un importante viraje en el clima político italiano. El difícil aislamiento que se cernía sobre la iniciativa del Partido radical en los años anteriores parece, al menos por el momento, distenderse. Importantes perspectivas se abren tanto para la lucha contra el exterminio causado por el hambre como para la batalla a favor de una justicia justa y contra la política de las leyes de emergencia. Para la batalla contra el exterminio parecen divisarse posibilidades concretas de que se produzca una salida legislativa a corto plazo en Italia.

La moción congresual confirma la opinión generalizada sobre la existencia en el país de un régimen partidocrático, y formula, a partir de este análisis, indicaciones concretas para aplicar con motivo de próxima cita electoral prevista para la primavera que viene en la que se celebrarán elecciones administrativas y regionales.

El Partido no presenta listas propias, como expresión de su lucha contra la usurpación y la invasión de la partidocracia en la vida civil. Confía en el nacimiento de listas verdes y ecologistas dotadas de contenido político efectivo y capaces de representar una alternativa auténtica.

El Congreso elige secretario a Giovanni Negri y tesorero a Giuseppe Calderisi.

El XXX Congreso del Partido radical recuerda en su saludo inaugural los éxitos obtenidos en 1984 gracias a la fuerza de sólo 3.400 radicales, que son un patrimonio valioso y excepcional de fuerza que alimenta la esperanza de que se consolide una política de justicia, de paz y de vida ante la crisis que se cierne sobre la República italiana. Crisis de valores y de ideales en primer lugar, y por ende crisis institucional, política, económica, social y civil.

La posibilidad actual de que el Parlamento italiano decrete vida y no muerte para millones de seres humanos; el primer cambio de marca en la política de la emergencia y de las leyes especiales, con la nueva ley sobre la prisión preventiva, conquistada gracias al esfuerzo en el "caso Tortora", al igual que otrora en el "caso Negri"; el hecho de que en condiciones extremadamente difíciles un millón doscientos mil italianos hayan sabido identificarse con las propuestas de las listas electorales radicales garantizando nuevamente una presencia significativa en Europa; la apertura a través del "caso Andreotti" de una brecha de verdad en el muro de la "omertá" (la ley del silencio) del Estado y del régimen que ya no podrá zanjarse. Estos son los momentos fundamentales en los que se articula el balance de un año de lucha política.

La extraordinaria convergencia de gran número de parlamentarios en torno a la ley Piccoli, los términos establecidos para su estudio en el Parlamento que esta vez no deben ser desatendidos, y el compromiso mismo, aunque limitado e inadecuado, del gobierno permiten que exista la esperanza y la posibilidad de que las palabras de Sandro Pertini y de Juan Pablo II, el llamamiento de los premiso Nóbel, la resolución del partido europeo, las iniciativas de los alacaldes italianos y cinco años de movilización no violenta lleguen a buen puerto con resultados legislativos positivos.

Las navidades de 1984 pueden y deben ser unas verdaderas navidades de vida.

Para que ello sea así - y no es un imposible - es menester que procedente de todo lo largo y lo ancho de nuestra geografía, de todo horizonte ideal, civil y religioso llegue a los partidos y al Parlamento la petición para que se aprueben inmediatamente los contenidos básicos de la ley Piccoli.

Así pues, el Congreso incita a los órganos ejecutivos federales, a las asociaciones y a todos los radicales a comprometerse en estas iniciativas políticas y no violentas para hacer posible esta movilización y para alcanzar la meta establecida.

A partir de este momento, propugna la celebración de una gran marcha popular para unas "Navidades de vida".

El Partido acoge los testimonios aportados a este Congreso por parte de los demás partidos - tanto en términos de atención como en términos de compromiso - como una oportunidad de diálogo concreta y positiva que, si se produce, acarreará efectos indudablemente positivos. Hacen falta nuevos valores, nuevas moralidades, nuevos horizontes de civismo para impedir que estalle la crisis de la República y de Italia. Se hacen necesarias nuevas políticas y nuevos modos de concebir y practicar la política.

La crisis de la democracia italiana se llama partidocracia. El desbarajuste de las reglas del juego, la pérdida de autoridad por parte de las instituciones representativas, la degradación del Estado de derecho y la limitación de las libertades del ciudadano encuentran su orígen en la patológica expansión de los partidos y en el eclipse de la política como conflicto de valores y de intereses legítimos en el ámbito de las reglas democráticas y parlamentarias. Esta transformación de la democracia en partidocracia como igualmente la degeneración de la política en poder comportan la responsabilización de las fuerzas políticas tanto de derechas como de izquierdas, tanto las del pretendido gobierno como las de la llamada oposición.

Ante la crisis de régimen y la crisis misma de los partidos que a su vez han sido ocupados e incluso sustituidos por sistemas de poder subterráneos y ocultos de los que la P2 ha sido sólo el ejemplo más contundente, la organización política de los radicales se presenta como el antídoto y la antítesis. El Partido radical por su historia, por su método de organización política, por sus comportamientos en Italia y en las instituciones, por sus objetivos así como por los valores de que es estandarte, representa actualmente el pilar sobre el que se apoya la política libre de los condicionamientos del poder basada en la afirmación del derecho y de la no violencia, cimientos imprescindibles y utopías necesarias para toda democracia en la que la libertad y la transformación de las reglas de la convivencia civil posean la ciudadanía.

Por ello, el Congreso confirma la validez del código de comportamiento adoptado por los miembros del Parlamento, como bandera e instrumento de protesta radical ante la degeneración partidocrática, e invita a los miembros electos radicales a seguir intensificando las luchas emprendidas en el Parlamento.

La huelga de voto en el Parlamento debe representar la premisa y el incentivo de un compromiso continuado e intenso a nivel institucional para arrebatar conquistas democráticas haciendo hincapié en las contradicciones presentes en el sistema de partidos.

Los objetivos del partido federal, las iniciativas de las asociaciones y de los inscritos y la acción parlamentaria deben integrarse y ser complementarios, es decir deben constituir partes de una única campaña política.

El Congreso considera que los únicos instrumenteos adecuados para apoyar y orientar la acción parlamentaria son la movilización y la no violencia. Con tal objeto da mandato al Consejo federal para que presente sin más demora, antes de enero de 1985, propuestas de ley de iniciativa popular en el campo de la ecología y del medio ambiente, de la sanidad y de la información, de la justicia y de la moralización, así como estudiar la posibilidad de promover referéndums populares sobre dichos temas.

El Congreso invita a los órganos ejecutivos a estudiar la posibilidad de celebrar antes del mes de abril una asamblea sobre la democracia en los partidos y la democracia sindical.

Sólo con la intensificación de las iniciativas al mismo tiempo populares y político-parlamentarias, que tiendan a afectar a las estructuras en las que el régimen se desarrolla, se podrá incidir positivamente en las contradicciones, establecer alianzas y promover grupos políticos en el país, antes que el sistema político y más allá de éste, para construir un movimiento antipartidocrático alternativo adecuado para torear la crisis del régimen.

La cita de las elecciones administrativas y regionales representa para los radicales una momento importante para la lucha contra la ocupación sistemática de todo sector de la vida civil administrativa y de todo espacio y recurso común de los ciudadanos. Toda autonomía ha perdido protagonismo, con efectos a menudo devastadores en la utilización de los recursos, en los servicios básicos, en el medio ambiente, en la calidad de vida y en la mismísima salud. Hay que actuar haciendo que crezca aquella teoría de convicciones y de iniciativas que condujo a la primera campaña a favor del boto en blanco y nulo en 1980, y más recientemente a la de la huelga de voto en el ayuntamiento de Nápoles.

Fuera los partidos de los ayuntamientos, huelga de hambre, negación de legitimidad democrática a los mecanismos de repartición de los entes locales, serán las palabras sagradas que moverán al Partido radical. En ningún caso, el Partido seguirá a los demás partidos en la ocupación de los ayuntamientos. El Congreso confía en que las señales de iniciativas y de voluntades alternativas procedentes del movimiento ecológico puedan traducirse en la presentación de "listas verdes" o "azules" de alternativa auténtica, antipartidocráticas y antimilitaristas, para poner en marcha un proceso político nuevo capaz de romper los desgastados equilibrios de la política tradicional.

El Congreso lanza un llamamiento a los radicales y a los no radicales que se identifican con esta postura para que hagan todo lo que esté en sus manos para grarantizar dichas salidas político-electorales. El Congreso instiga a los órganos del Partido a apoyar, incluso con iniciativas legislativas populares y parlamentarias, la propuesta de reforma institucional y electoral para Nápoles y a afrontar, con indicaciones análogas, el proyecto de reforma institucional de los entes locales.

Instiga igualmente a poner en marcha las iniciativas necesarias para llevar a cabo una fuerte campaña de denuncia de la responsabilidad de los entes locales en la degradación ambiental y entodas las formas de contaminación. El Congreso denuncia el peso creciente de los grupos de presión vinculados a la industria bélica que, a través del nuevo impulso de la imagen, del poder y del papel que desempeñan las Fuerzas Armadas, proponen en realidad la consolidación definitiva del complejo militar industrial como punto de referencia básico de los grupos y de los equilibrios políticos.

Deununcia la hipocresía de quién en las calles clama paz de boca para afuera y en el Parlamento vota o permite que se apueben los presupuestos militares.

El Congreso compromete al Partido a:

1) asumir las iniciativas adecuadas con objeto de impulsar de nuevo con fuerza los temas y los planteamientos del antimilitarismo radical, en pro de una drástica reducción y conversión de los gastos militares;

2) reanudando la tradición de las marchas antimilitaristas, dar vida el verano que viene a una marcha internacional contra los armamentos, contra el exterminio causado por el hambre, a favor de la ecología y de los derechos humanos;

3) a instigar e implicar a las fuerzas sociales, a las organizaciones religiosas y a los movimientos pacifistas para que promuevan iniciativas, sin olvidar la del recurso al referéndum, que tengan por objeto aprobar una ley que desaliente o por lo menos regule férreamente la exportación italiana de armas de.

El Congreso subraya que gracias a la iniciativa radical, y sólo gracias a ella, el aumento de las pensiones sociales y de los minimos de previsión para los jubilidos exentos de otros réditos es una batalla anotada en la agenda política del gobierno y de todas las fuerzas políticas sindicales. Los compromisos solemnemente aceptados ante el Congreso por parte del representante de la fuerza política, el presidente del Consejo de ministros, refiriéndose explícitamente a la ley financiera para 1985, que ya se estaban discutiendo en la Cámara de los diputados, permiten vislumbrar posibilidades concretas de que el Parlamento decrete unas Navidades de vida también para cientos de miles de jubilados obligados hasta el momento presente a sobrevivir en condiciones de absoluta indigencia.

El Congreso instiga a los órganos ejecutivos federales, a las asociaciones y a todos los radicales a poner en práctica en todas las sedes las iniciativas políticas y no violentas que hagan posible la consecución de dicho objetivo.

El Congreso denuncia el bozal que oprime todo derecho de libertad de información.

Hay que llevar a cabo toda lucha cuyo objeto sea:

1) abolir, es decir impedir el monopolio de la información televisiva, tanto pública como privada;

2) reconquistar el servicio público radiotelevisivo actualmente repartido entre el sistema de partidos a través de la comisión parlamentaria de vigilancia;

3) la tutela legislativa del derecho a la reputación, a la identidad, a la verdad, a la imágen así como a la extensión del derecho de rectificación de la información radiotelevisiva pública y privada.

En este ámbito, el Congreso decide confirmar la campaña nacional contra el canon de la Rai como instrumento básico de movilización para obtener el respeto del derecho a la información sin el que la democracia es imposible.

El Congreso considera que el Partido, gracias a una dura y tenaz lucha política, ha atravesado uno de los periodos más difíciles de su historia salvaguardando y reforzando todas sus connotaciones y su identidad. Es necesario crear nuevas iniciativas y agregaciones. Así pues, el XXX Congreso invita a los inscritos radicales a aceptar un compromiso directo de carácter asociativo, o para la formación de ligas y movimientos, sobre los temas que le afectan más directamente.

Da mandato a los órganos federales - secretario, tesorero, junta y consejo federal - para que pongan en práctica, a partir de las campañas políticas y de las iniciativas de lucha, las formas de coordinación, de organización y de apoyo que favorezcan el máximo compromiso de las asociaciones radicales en las distintas sedes de los inscritos,

Da mandato:

1) al secretario para que convoque antes de mediados de diciembre una asamblea nacional de las asociaciones;

2) al Consejo federal para que dedique una de sus primeras reuniones a la decisión por adoptar en lo que al estado del Partido y sus instrumentos de organización se refiere;

3) estudiar las posibles formas para que el partido adquiera una dimesión europea.

El Partido radical registra como resultado extraordinario la autofinanciación realizada por el Partido radical, por sus militantes, por sus simpatizantes y por los que lo apoyan, si se compara con la praxis dominante en los demás partidos y con los resultados de los años anteriores. Ello representa un extraordinario patrimonio de honestidad, moralidad e independencia política. Los mil millones de diferencia con respecto al objetivo fijado por el Congreso de Rímini nos oblidga a afirmar para 1985 un presupuesto financiero de tres mil millones necesario para saldar la deuda y para finaciar la organización de las luchas políticas radicales.

El Congreso instiga a los inscritos a que se conviertan en primera persona en promotores de la recogida de fondos. La capacidad de recoger a través de iniciativas políticas 500 mil liras en un año por parte de cada inscrito constituiría una gran fase de refuerzo y de crecimiento del Partido.