Casi un mes después de la votación decisiva en el Parlamento de la cuestión del divorcio, el congreso de Nápoles celebrado el mes de noviembre presenta dos aspectos distintos y contradictorios. Por una parte, se trata del Congreso de un partido que había luchado más que nadie para que se produjese esta gran reforma civil, de un partido que a pesar de ser minoritario sus objetivos y sus éxitos afectan a la mayoría; por otra, la exiguidad de sus participantes demuestra lo escasa que puede ser su continuación como igualmente la militancia radical.

No obstante, el Congreso señala objetivos nuevos, que estallaron pocos años, pocos meses después, y que se impusieron a las fuerzas políticas y a la opinión pública: la "liberación" de la mujer y la "legalización" del aborto. Participa en el Congreso, en calidad de movimiento federado al Partido, el Movimiento de liberación de la mujer caracterizado desde su primer congreso celebrado en enero del mismo año por plantear de forma desconcertante el tema del feminismo.

El Congreso elige secretario a Roberto Cicciomessere y tesorero a Marco Pannella.

EL VIII Congreso nacional del Partido radical celebrado en Nápoles, los días 1, 2 y 3 de noviembre de 1970, con la participación de radicales y de no radicales, de los grupos federados, de la Lid, del Alri, de la juventud republicana y de la izquierda liberal, tras una amplia discusión sobre el significado político de la federación y sobre las persistentes carencias de los instrumentos de comunicación, de información y de prensa del Partido, demuestra que los análisis y los objetivos esenciales fijados en las mociones aprobadas por los congresos de Rávena y de Milán se han confirmado plena y vogorosamente con el desarrrollo de la lucha política en Italia;

establece considerarlos como indicaciones actuales para todo el Partido;

constata que la batalla que aún está por concluir, para la aprobación de la ley Fortuna- Baslini-Basso-Spagnoli y la necesidad de consolidar y defender el carácter laico de los derechos fundamentales civiles que hay que garantizar al país compromete cada vez más, tras los recientes acontecimientos parlamentarios, la responsabilidad del Partido radical;

constata así mismo que cada vez es más urgente la necesidad de llevar a cabo una iniciativa política de masa para conquistar los derechos civiles fundamentales, como los de la liberación de la mujer y de la sociedad y en particular la liberalización de los medios anticonceptivos y la legalización del aborto. Dicha batalla deberá basarse en una estrecha colaboración operativa entre los órganos estatutarios, todos los militantes del Partido radical y el movimiento federado de liberación de la mujer.

El Congreso indica los siguientes objetivos para 1971:

1) proseguir la organización del referéndum abolitivo del Concordato que se ampliará especialmente al mundo del trabajo, en las oficinas, en las fábricas, en el campo y en los colegios, comprometiendo la responsabilidad política de las fuerzas sindicales laicas y democráticas e instigando la participación activa de aquellos individuos y núcleos de creyentes que pretendan luchar contra el abuso clerical de la conciencia religiosa;

2) promover la protesta para suprimir la festividad del 11 de febrero y la acción para rechazar la enseñanza religiosa en el colegio, ambos momentos y medios de lucha unitaria contra el Concordato;

3) reforzar el compromiso antimilitarista del Partido:

a) patrocinando la 5¦ Marcha antimilitarista, considerando la posibilidad de trasladar el itinerario tradicional Milán-Vincenza, posiblemente a Cerdeña, debido a las exigencias de lucha antiautoritaria del grupo radical sardo;

b) convocando el 3er Congreso antimilitarista;

c) asegurando la coordinación entre la acción antimilitarista del Partido radical y las organizaciones internacionales y extranjeras correspondientes;

4) imponiendo la discusión en el aula parlamentaria de los proyectos de ley sobre la objeción de conciencia, haciendo que se introduzca la enmienda netamente antimilitarista que decreta la detracción de los gastos por servicio civil del presupuesto del ministerio de Defensa;

5) asegurando la publicación de un libro sobre las estructuras militares y los procedimientos colonialistas que caracterizan a la región sarda;

6) organizando instrumentos concretos de acción común con los grupos políticos externos al Partido, como la Lid, la Arli, la Izquierda liberal, la Fgr y los grupos liberales que, a lo largo del VIII Congreso, han manifestado su voluntad de luchar con el Partido radical.