En concomitancia con la cita del 11 de febrero de 1981, se celebran en Milán una serie de "conferencias nacionales" de liberales, de republicanos, de divorcistas y de creyentes que confluyen en una gran asamblea nacional para la abolición del Concordato que conducen a la constitución de la Liac. Los radicales participan, tras haber celebrado en Milán su IX Congreso nacional extraordinario.

La moción congresual y la "Declaración" aprobada por unanimidad indican el tipo de contribución ideal y de luchas que los radicales ofrecerán a la Liac y al movimiento anticoncordatario. Concretamente: la inmediata proposición del método referendario como medio de abolición, único método capaz de ofrecer el apoyo necesario a una "iniciativa de masa" tal que "implique al país" en las iniciativas parlamentarias que se adoptan en ese año y a las que el partido proporciona su apoyo.

El IX Congreso nacional extraordinario del Partido radical, reunido en Milán el 14 de febrero, escuchado el informe del secretario del Partido, lo aprueba: dirige un saludo a las conferencias nacionales liberales, republicanas, divorcistas que se celebran paralelamente y al encuentro de creyentes promovido por el Senador Albani, y saluda igualmente a todos aquellos parlamentarios de los distintos partidos, miembros del mundo universitario y de la cultura laica que se han sumado a estas inciativas, y a todos los militantes que se encuentran en Milán para participar en la asamblea nacional para la abolición del Concordato;

Indica como instrumento democrático adecuado una Liga italiana para la abolición del Concordato, liga organizada según los principios estatutarios adoptados y elaborados por la Lid, es decir una organización política de militantes, que constituyen la asamblea o el congreso soberano y que se expresan en un consejo, una secretaría y una presidencia, sin otras articulaciones estatutarias. Un Congreso nacional que deberá celebrarse antes del próximo mes de diciembre estará legitimado para discutir dichos temas y configurar otras hipótesis organizativas;

confirma de nuevo el objetivo del referéndum abolitivo del Concordato o de sus leyes de aplicación como instrumento esencial para el país y para que la lucha anticoncordataria sea una lucha de masa;

instiga a los militantes radicales, sea cual fuere su nivel de responsabilidad en el Partido radical, para que el trabajo directo del Partido, la aplicación de su Estatuto y de sus deliberaciones congresuales, se considere absolutamente primordial, para evitar, tal y como ha sucedido con la Liga para el divorcio, que los retrasos y las incompetencias se acumulen impidiendo el necesario e imperante desarrollo del Partido radical. Esta es la mayor contribución que los radicales pueden y deben asegurar a las fundamentales batallas laico-liberales y unitarias de la nueva izquierda, lo único actualmente insustituible e indelegable.

Declaración aprobada por unanimidad

Hemos ganado la larga, casi desesperada, batalla que el Partido radical ha librado durante quince años para imponer una lucha política unitaria con objeto de abolir el Concordato, para dar una respuesta anticlerical, intransigente y rigurosa al escándalo de una Iglesia y de un Estado unidos y recíprocamente garantizadores del atropello clerical, autoritario y clasista.

Al tomar nota de ello, el IX Congreso extraordinario del Partido Radical subraya la contribución fundamental que demócratas y laicos deben a Ernesto Rossi que fue el primero en fomentar y llevar a cabo esta lucha, a menudo incomprendido cuando no burlado, incluso por quien profesaba una consideración formal y abstracta. Actualmente, se demuestra su grandiosidad de hombre político y de militante incomparable a favor de la consolidación de los derechos civiles en la sociedad italiana. Igualmente injusta, dolorosa e irreparable nos parece hoy, cuatro años después, su desaparición. Ponemos de manifiesto cuán vivo y civilmente necesario fue su pensamiento y su obra no sólo para sus compañeros radicales sino también para la construcción de una sociedad nueva.

El edificio clerical y concordatario en Italia, cuarenta años después del inicuo pacto de Letrán, tras siglos en ausencia de reformas religiosas y civiles, ha recibido un primer golpe con la lucha popular a favor del divorcio, antes, y con su victoria en el Parlamento, después. Esta conquista civil ha quitado una piedra de los cimientos del edificio del poder del Vaticano, la piedra del monopolio jurídico sobre la familia. Este hecho es tan constitucionalmente lícito cuanto lógica e históricamente contradictorio con el espíritu del Concordato. Tras la votación del artículo 7 de la Constitución, tras veinte años de subordinación cada vez mayor de todas las fuerzas laicas, se ha producido un viraje histórico, dramático, desde la base, que los italianos creían ya imposible. Ahora las escuelas, las funciones sociales, el poder económico, territorial, inmobiliario, fianaciero, los mecanismos de dislocación masiva y de auténtica transferencia del patrimonio público en los sectores de la salud, de la asistencia, de las estructuras para el "tiempo libre", la histórica función de sacralización del "desorden constituido" y de la "violencia de Estado", pueden cuestionarse gracias a la pujante reivindicación laico-liberal que constituye el esfuerzo humano y civil de masas y generaciones de nuevos creyentes y de no creyentes. Esta reivindicación amenaza con violar las puertas estrechas, cuando no atrancadas, del autoritarismo, defendidas a ultranza por una clase dirigente eclesiástica y estatal cada vez más retrasada con respecto al sentimiento común de los ciudadanos.

Y esta es efectivamente la contribución organizativa que el Partido radical debe proporcionar y garantizar. No puede defender el divorcio sin atacar los cimientos del poder proteiforme que se moviliza para liquidarlo. Y también es verdad lo contrario: que sin reconquistar el poder y el carácter sagrado que se derivan de la indisolubilidad jurídica del matrimonio y del monopolio clerical sobre su disolubilidad, todo el poder pontificio corre el riesgo de ser insidiado. Por ello, con el referéndum abolitivo del divorcio, con su apoyo masivo, que rasga el Concordato fascista, papel usado inutilizable, para agravarlo y llevarlo a cabo, la iglesia de la Cei (Conferencia episcopal italiana) y la Cei del obispo de Prato intentan tergiversar la ley Fortuna-Baslini.

Así pues, se repite, en un clima histórico que parece no tolerarlo, el intento - hasta ayer logrado - de aislar Italia, al igual que España, Irlanda y Portugal del resto del mundo civil, para crear los cimientos mundanales temporales de la política católico-romana; incluso la renovación de Juan XIII debe ser aislada y sofocada. La política montiniana encuentra así su dimensión: desde Pacelli a Fiordelli.

El maximalismo necesario y la irrenunciable violencia implícita en dicha política representan para ellos una prueba de su debilidad y la garantía de que serán vencidos. Pero para que intervenga a tiempo, para que una nueva generación política no pague con su opresión, y con un sacrificio gratuito, el precio de esta realidad, es necesario que no se confíe en la lógica pasiva de las cosas, que no niegue las responsabilidades que se le proponen.

El Congreso nacional del Partido radical subraya que más de trescientos mil ciudadanos expontáneamente agregados y unidos en torno a la iniciativa política de organizaciones que se creían desarmadas, sólo porque eran pobres y no estaban integradas en el régimen, como las del Partido radical, de la Lid, de la Izquierda liberal, del Alri y de la Federación juvenil republicana, ya han solicitado el referéndum abolitivo del Concordato, o de leyes que lo apliquen. El tejemaneje de la información pública, realizado por todas las fuerzas políticas parlamentarias secuestrando de esta manera los derechos constitucionales y democráticos de las minorías, estafando el juego democrático, en esta ocasión no ha servido más que para circunscribir un éxito popular de base sin precedentes. Sólo con éste método se podrá cepillar el Concordato: ni denuncias unilaterales por parte del ejecutivo como consecuencia de la abolición del artículo 7 (o de constatación de la insistente violación vaticana), ni iniciativas parlamentarias con dicha finalidad, objetivos con los que el Partido radical se ha identificado plenamente, podrán arribar a buen puerto sin el apoyo de una iniciativa de masa con el mismo objeto.

Sólo una gran batalla popular, clara e íntegra podrá implicar al país, y en particular a las grandes masas democráticas que dan su confianza al Pci, para aislar y superar el error político neoconcordatario y anticonciliar que el actual grupo dirigente parece perseguir y agravar. Sólo una batalla concreta podrá proporcionar los instrumentos necesarios para que se produzca una movilización concreta desde la base de las grandes masas de creyentes no clericales, que de lo contrario no se podrá alcanzar, a no ser que se crea que las actuales estructuras eclesiásticas son polivalentes e idóneas como para transmitir, recoger y potenciar también el mensaje laico-liberal, que es el más importante para lograr una moderna lucha anticoncordataria.

El IX Congreso nacional del Partido radical señala con preocupación el hecho de que sólo por parte divorcista se haya precisado a nivel político un objetivo anticoncordatario específico,

confía en que los militantes se comprometan a proponer y estudiar cómo traducir en iniciativas públicas concretas, incluso parlamentarias, los siguientes objetivos:

a) la abolición de las congruas y de todo tipo de financiación estatal de todo culto y del personal según la carta y el espíritu del artículo 20 de la Constitución;

de la enseñanza religiosa en los colegios; de toda subvención y alineación de patrimonio público a favor de la iglesia y de organismos colaterales. Se propone la publicación crítica y anotada de las leyes Siccardi y de la ley Combes.

b) la expropiación del patrimonio eclesiástico en los sectores de la escuela subvencionada y de la sanidad; la confiscación de los bienes que se revelen predominantemente como beneficios de régimen, tal y como lo entendía en 1946 la clase dirigente fascista.

c) la abolición de todas las leyes que aplican la convención financiera y el tratado el Concordato que prevén facilidades financieras y fiscales especiales para los religiosos.