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LLAMAMIENTO POR LA CREACION DE UN TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL EN 1998 Y PARA QUE LOS CRIMINALES DE GUERRA SEAN PROCESADOS

Al presidente y a los miembros de la 52a Asamblea General de las Naciones Unidas,
A los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
Al Secretario General de las Naciones Unidas,

Nosotros, los abajo firmantes, Ciudadanos de todo el mundo,

Considerando la necesidad urgente de poner fin a la situación de impunidad formal y sustancial de culpables de crímenes contra la humanidad, genocidios y crimines de guerra que han dejado su impronta sobre este presente siglo;

Subrayando la necesidad inderogable de dotar a la comunidad internacional de medio disuasivos eficaces frente a las guerras, agresiones y masacres y la de hacer sentar frente a los tribunales ad-hoc a los responsables de los crímenes acaecidos en la ex-Yugoslavia y en Ruanda;

Considerando el momento maduro para conseguir un primer y efectivo segmento de derecho internacional para todos los países del mundo bajo la égida de la ONU, y la posibilidad concreta de cerrar este milenio bajo el signo de una justicia internacional imparcial y efectiva;

Subrayando el gran progreso acaecido en los últimos anos en el seno de las sesiones del Comité Preparatorio de la ONU para la redacción del proyecto de Estatuto del Tribunal Penal Internacional; Considerando la candidatura del gobierno italiano a organizar y alojar en Roma a la Conferencia Diplomática de plenipotenciarios dedicada a la creación del Tribunal Penal Internacional;

Pedimos solemnemente a la 52a Asamblea General de la ONU y al Consejo de Seguridad:

- que adopten las recomendaciones formales del Comité Preparatorio y proclamen la resolución de convocar en Roma en Enero de 1998, la Conferencia Diplomática de plenipotenciarios para la creación del Tribunal Penal Internacional, y que le aseguren una dotación de fondos adecuada dentro del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas;
- que modifique el mandato de la SFOR y se tome cualquier otra medida útil con el fin de que sean arrestadas y juzgadas por los tribunales ad-hoc para la ex-Yugoslavia y Ruanda las personas acusadas de crimines de guerra y crimines contra la humanidad.


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