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No
discutimos el derecho de la religión islámica, ni el de
ninguna otra religión, a prohibir a sus fieles el
consumo de alcohol o de otras sustancias. A lo que nos oponemos, en todo lugar y con toda firmeza, es a que el derecho civil, de cualquier estado que sea, imponga por ley a sus ciudadanos una religión o la observancia de sus preceptos y prohibiciones. Negamos enfáticamente que en ninguna parte pueda el derecho del estado prohibir a sus ciudadanos el empleo o la ingestión de sustancia alguna, ni en nombre de la defensa de la salud moral o espiritual del consumidor, ni de su bienestar físico. Sostenemos que la libertad de conciencia y de religión, el derecho a no sufrir imposiciones sanitarias o alimenticias cuando no se lesionan derechos de otros, la separación de la Iglesia y el Estado y el carácter laico del Estado son, en cualquier parte del mundo, derechos y principios a los que no cabe la renuncia ni siquiera por interpretación más o menos rebuscada de las leyes. En ningún caso el recurso a identidades culturales o históricas puede justificar la represión de estos derechos individuales ni la connivencia con modelos de Estado totalitarios y violentos. Sostenemos en consecuencia nuestro derecho y deber de intervenir por todos los medios democráticos y noviolentos en la defensa de los derechos fundamentales del individuo gravemente violados en algunos países que han adoptado el Islam como religión de Estado y prohíben por ley la ingestión de bebidas alcohólicas y otras conductas que afectan a la esfera de la libertad de conciencia, de las libertades religiosas, políticas y sexuales. |
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